Desde PRODESARROLLO, organización comprometida con la denuncia de las graves
consecuencias de la economía subterránea y las actividades ilícitas que afectan a nuestra
sociedad, expresamos nuestra profunda preocupación por los recientes descubrimientos que
vinculan a altos funcionarios del Estado con el crimen organizado.
Recientemente, la divulgación de conversaciones entre diputados, senadores, fiscales ha puesto al descubierto una realidad alarmante: la penetración de estructuras ilegales en el corazón de nuestras instituciones democráticas. Estas revelaciones no solo afectan la transparencia y la justicia en nuestro país, sino que también exponen la vulnerabilidad del sistema a la corrupción y la descomposición institucional.
Los hechos más recientes, que involucran a representantes del poder legislativo y judicial, son una muestra más de cómo el crimen organizado (que también alimenta a la economía subterránea y a su vez se alimenta de ella), no solo desafía la ley, sino que también corrompe y desestabiliza el funcionamiento de los poderes del Estado. La filtración de los chats entre fiscales, jueces y legisladores confirma lo que venimos denunciando desde hace años: el crimen organizado y las actividades ilícitas están intrínsecamente ligados a las dinámicas de poder en nuestro país.
Desde PRODESARROLLO, hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones de la sociedad civil, empresas del sector privado y actores comprometidos con el bienestar de nuestra nación, a exigir una acción firme y decidida para frenar la infiltración de intereses ilegales en las instituciones del Estado. Es fundamental que nos unamos en un esfuerzo colectivo para ser contralores activos de los procesos políticos y judiciales, y para exigir un gobierno transparente, justo y responsable.
Solo con una acción conjunta y el compromiso de todos, podremos erradicar la impunidad y restaurar la confianza en nuestras instituciones.
