La economía informal en el país llegó a los US$ 21.295 millones durante el 2020, representado el 46,6% del Producto Interno Bruto (PIB). La cifra refleja que se produjo un aumento del 3,1% con respecto al 2019. En tanto, se prevé que entre el 2020 y el 2021, la economía subterránea se reduzca en un 0,5% y represente así el 45,7% del PIB, según los datos presentados este jueves por la organización PRO Desarrollo Paraguay.
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, comentó al respecto que es muy buena noticia en comparación al dato del 2021, ya que es un estudio que hace una organización privada. “Esto demuestra que las políticas del Gobierno ayudaron a reducir la informalidad en el país”, indicó.
Por otro lado, la cifra del 2020 tiene como factores explicativos la pérdida de ingresos formales e informales debido a las restricciones implementadas para contener la pandemia del COVID-19, así como también el limitado acceso a la seguridad social, mayores gastos de bolsillo para los hogares, baja capacidad de innovación y dificultades de acceso al financiamiento que limitaron actividades productivas de las empresas.
“La elevada tasa de informalidad que presenta Paraguay en comparación a la región, así como el menor nivel de industrialización, limitan su desarrollo económico y social”, expresó Sebastián Acha, director Ejecutivo de PRO Desarrollo.
Atendiendo a esta situación, se estima que la economía subterránea para el 2021 disminuirá levemente al 45,7% con respecto al 2020. Este cálculo se realizó con base en los datos preliminares oficiales cerrados al primer semestre del año. “La reducción de la economía subterránea mitigaría el impacto fiscal de las actividades no declaradas, además de aliviar la carga de los sectores que normalmente aportan al fisco y disminuir las distorsiones en la provisión de servicios básicos como la educación, salud y asistencia social”, agregó Acha.
Hay que aclarar que la economía subterránea comprende actividades como el comercio de mercancías robadas, tráfico de drogas, sueldos y salarios no declarados, descuentos a empleados, trabajos domésticos, entre otros.
Contrabando y evasión
Por otro lado, PRO Desarrollo también presentó los resultados de una encuesta realizada a los principales gremios y asociaciones empresariales con respecto a un mal de larga data en el país, el contrabando.
Los encuestados coincidieron en los siguientes aspectos: la reducción de la participación de productos nacionales en el mercado interno es del 30% y el 80%.; unas 90.000 toneladas de azúcar ingresan de contrabando por año, lo que representa el 45% del mercado nacional; y unos 15 millones de pares de calzados son vendidos localmente. La industria nacional apenas representa el 20% de dicha cifra.
Estas problemáticas se traducen en la limitación de la competitividad de los productos nacionales, menos recaudación tributaria y, por ende, menos recursos para inversiones, escasa participación de la industria nacional. “La presencia de informalidad genera distorsiones económicas debido al incumplimiento de las normas legales y el aumento de la inestabilidad de empresas y trabajadores afectados. Se necesitan acciones concretas no solamente del Estado, sino de la sociedad en general para erradicar el contrabando, ya que el impacto negativo es para todos”, sostuvo.
Desde la organización se asume el compromiso de ser factor de cambio que contribuya no solo a través del ejemplo, sino con acciones concretas que ayuden a formalizar a las mipymes dedicadas a actividades legales, que operan de manera informal debido a los costos transaccionales elevados del proceso de formalización y a la falta de acompañamiento técnico y financiero efectivo.
Solo así se podrá avanzar hacia un desarrollo inclusivo que signifique un mayor bienestar de la población, considerando que el efecto multiplicador que podrían tener estas empresas dada su importancia en la economía nacional, y en el empleo en particular, enfatizó el director.
Fuente: Diario La Nación.
