Uno de los problemas fundamentales de la economía paraguaya es que tiene una elevada economía subterránea y un amplio comercio ilícito que afectan al cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A fin de avanzar hacia el logro de dichos objetivos, es necesario el establecimiento de asociaciones público-privado para reducir los niveles de informalidad del país.
No basta sólo con la formalización
En el informe “Economía Subterránea y el desafío de la formalización” elaborado por ProDesarrollo y Mentu, se estimó que la economía subterránea en Paraguay en el año 2021, habría representado el 45,7% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a más de USD.21.800 millones, considerando el PIB constante de cierre estimado por el Banco Central del Paraguay.
El Foro Económico Mundial, define al comercio ilícito como el comercio de bienes legales que no ha cumplido varias normativas durante el tránsito. Puede ser la manera en la que se obtuvieron o produjeron las mercancías, o la manera en que fueron intercambiados durante la cadena comercial, o ambas. En ese sentido, los ingresos generados por el comercio ilícito se conocen generalmente como flujos financieros ilícitos.
El efecto de este comercio es amplio y drástico y es más agudo en algunos sectores. En ese sentido, muchas empresas que trabajan formalmente se ven afectadas por el contrabando debido a la competencia desleal que este significa.
Otro factor presente en el país que adquirió importancia con la llegada de la Covid-19 fue la falsificación de medicamentos, ya que durante la pandemia ha existido una alta demanda por tratamientos y medicamentos, situación que fue aprovechada por algunas personas para suplir la demanda con medicinas falsificadas.
La necesidad de mejorar el gasto público
Una mayor formalización podría significar mayores ingresos para el Estado, así como la posibilidad de contar con cierta protección durante periodos de crisis. Sin embargo, de poco serviría formalizar a los trabajadores y empresas si es que la estructura del gasto público permanece sin cambios, ya que la misma no permite focalizar recursos en las políticas económicas y sociales prioritarias, lo que genera vulnerabilidades que mantienen los niveles de informalidad.
Así, el limitado profesionalismo, la negligencia, la corrupción, o una combinación de todo ello, contribuye a la ineficiencia del gasto público, que según el Banco Interamericano de Desarrollo representaba 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2018. Asumiendo que dicha relación se mantiene y considerando el PIB corriente estimado para el presente año, esa proporción equivaldría a Gs. 10,96 billones (USD 1.565,7 millones) y sería 30,6%, 48,9% y 33,5% mayor a los recursos asignados al Instituto de Previsión Social, al Ministerio de Educación y Ciencia, y al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, respectivamente, en el Presupuesto General de la Nación del 2022.
Además, cuando se aborda la problemática de la economía subterránea es imposible no hablar de la corrupción, en ese sentido, para reducir los niveles de informalidad e ilegalidad es imperativo que se establezcan asociaciones público-privadas y que trabajen decididamente en la erradicación de la corrupción e ilegalidad en todas sus formas, sólo así, el país tendrá un crecimiento inclusivo y podrá cumplir una mayor cantidad de ODS cuando se llegue al 2030.
Un modelo de asociación que podría funcionar
Un ejemplo de una asociación público-privado para reducir la ilegalidad es el trabajo interinstitucional que se viene desarrollando entre la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y ProDesarrollo para mantener una agenda en pos de aumentar los niveles de formalización.
El primer eje de trabajo planteado por PRO, es el de simplificar, reducir costos y facilitar lo más posible la inscripción y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
En ese sentido, se plantea realizar a través de formularios simplificados online que sean presentados digitalmente, prescindiendo de la presentación física. Con ello se espera lograr una mayor cantidad de inscriptos al sistema dando el primer paso para iniciar el proceso de formalización.
En el segundo eje, se sugiere el desarrollo de plataformas tecnológicas para abreviar los procesos de formalización, ello se propone debido a que actualmente el acceso a los sistemas de tributación habilitados por la SET, son relativamente complejos para el micro y pequeño empresario al contener diversidad de gestiones a realizar. También se solicita factura digital o una factura simplificada y de menor costo para el pequeño aportante.
En el tercer eje, se plantea sumar al sector empresarial en la difusión de materiales tendientes a la formalización, con ello, se busca generar información masiva vinculada al conocimiento de los procesos de formalización y a la asistencia técnica ofrecida para cada caso.
El cuarto eje consiste en la implementación de una campaña de formalización masiva a través de la cadena de valor de las empresas aliadas a la iniciativa.
Finalmente, en el quinto eje, se propone trabajar en programas de inclusión financiera con empresas registradas formalmente e implementar programas de microcréditos y educación financiera.
Las organizaciones no gubernamentales, los Gobiernos y las empresas se están dando cuenta que el comercio ilícito y el flujo ilegal afecta a todos, por ende, cada vez hay más conciencia sobre este tema y se están gestando modelos de asociación que impulsan acciones para la reducción de la economía subterránea y el comercio ilícito basados en la visión de que “ser formal es un derecho” y de la necesidad de contribuir a la transparencia del gasto público.
