“La economía informal tiene un tamaño del 46,8% en nuestro Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 16.000 millones de dólares aproximadamente”, manifestó Sebastián Acha, representante de PRO Desarrollo Paraguay, una asociación formada por un grupo de empresas que operan en el marco de la legalidad y la formalidad con el objeto de mejorar el clima de negocios en el Paraguay.
Expresó que el gran problema de muestro país es que no tenemos datos. “Los números que disponemos lo hacemos a través de una medición indirecta comparando el mercado laboral, las transacciones hechas solamente en efectivo y una relación entre el crecimiento del PIB y su relación con el crecimiento de energía”, explicó.
Agregó que alrededor del 50% de dicha informalidad (8.000 millones de dólares) estaría relacionado directamente con delitos al contrabando como faltas administrativas.
“Va a ser muy importante que en el censo del 2022 pueda preguntarse cuál es el nivel de consumo de los productos de la canasta básica familiar. De ahí y eso cruzado después con el censo industrial, las importaciones legales y el total del consumo, la diferencia entre la suma de los dos últimos y el primero servirá para identificar cuánto entra en contrabando”, dijo.
Acha señaló que al contrabando siempre se le ha atacado a partir de la oferta. “Es decir, nosotros queremos cerrar las fronteras con un sistema que es muy obsoleto, se ha demostrado que el contrabando va a seguir existiendo si intentamos poner un muro a productos que ingresan de diversas maneras”.
Aseveró que desde PRO Desarrollo tratan de estimular atacar al contrabando, pero desde la demanda. “La informalidad no existe sin inclusión financiera. Lo que queremos es que la gente pueda tener su RUC y con él, acceder a un producto de crédito que no sea el que hoy está vigente con tasas altísimas. Es imperioso que el sistema financiero incluya a más personas. De 10 paraguayos, solo 3 tienen acceso al sistema financiero, el resto está en casa de crédito hasta los usureros”.
Perjudica al fisco y ciudadanía
Hace unos días, el empresario José Ortiz, representante del Grupo Cartes, explicaba que las devaluaciones que vienen sufriendo las monedas de los países vecinos facilitan la adquisición de productos y la informalidad. “El único beneficiado con esto es el propio contrabandista y los perjudicados son el fisco y la ciudadanía”, mencionó.
Ortiz, quien participó del lanzamiento de la campaña desarrollada por la Unión Industrial Paraguaya (UIP) para la lucha contra el contrabando, también se refirió a la pérdida de empleos formales a causa del contrabando que sufren las empresas e industrias del país.
“Se desvanecen los empleos formales, toda la actividad y el consumo formal se desvanecen. Esto termina afectando a todos, se potencia al empleo informal y eso afecta a la carga social. No existen seguros jubilatorios ni IPS y las personas que viven del empleo informal ni siquiera pueden acceder a créditos”, manifestó.
Fuente: Diario La Nación.
